Cesures estrenó en 1995 una estación depuradora que aún no funciona.

Ni el Concello tiene dinero para mantenerla, ni la mezcla de aguas fecales y pluviales permite su uso. Pontecesures interpreta desde hace 12 años un canto al esperpento junto a su depuradora

Si alguien cayó en la cuenta de que la casa se estaba empezando por el tejado, desde luego cerró la boca y dejó que el entonces alcalde de Pontecesures, el popular José Piñeiro, y Manuel Fraga inaugurasen en 1995, sin mayor problema, la depuradora de aguas construida por la Xunta. Pero ese problema existía. Hasta el punto de que, doce años después, Augas de Galicia y el gobierno municipal, liderado desde 1999 por el nacionalista Luis Álvarez Angueira, se las ven y se las desean para tratar de poner en marcha la estación que debería limpiar de vertidos el último tramo del Ulla antes de su desembocadura en la castigada ría de Arousa.

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La franja de 500 metros afectará a 30 concellos costeros en Pontevedra.

Los populares rechazan la ley del litoral y exigen un plan no uniforme de protección

Veinte de los municipios afectados tienen gobierno del PP y diez del PSOE o del BNG

Un total de 30 concellos del litoral de la provincia de Pontevedra se verán afectados por la franja de protección de 500 metros, según datos facilitados ayer por el secretario general del PPdeG, Alfonso Rueda. De esos 30 concellos, 20 están gobernados por alcaldes populares y otros 10 por regidores socialistas y nacionalistas. Los populares iniciaron ayer en Pontevedra una ronda de explicaciones sobre las repercusiones que tendrá la ley de medidas urgentes para la reordenación del litoral y acusaron a la Xunta de «botar a culpa aos demais» de lo que está sucediendo con el urbanismo.
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Sabariz revela un tercer caso de contratación sin procedimiento selectivo

El concejal de ACP, Luis Angel Sabariz, sostiene que el Concello cesureño realizó a finales de la semana pasada una tercera contratación de un trabajador sin procedimiento selectivo alguno. El edil había denunciado hace días que el equipo de gobierno había empleado “a dedo” a dos peones para realizar tareas de recuperación de los daños ocasionados por las riadas y que se vulneraron “los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad”, puesto que no hubo convocatoria con anuncios ni se hizo oferta de empleo al INEM de Vilagarcía. Sin embargo, el BNG replicó que el proceso fue legal y la contratación se basó en la valía y disponibilidad de estas dos personas.

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