Posponen la declaración del gobierno de Valga investigado por malversación.

El PSOE considera que el aplazamiento «entra dentro de la normalidad» y apunta que los citados para el 5 de abril tendrán que rendir cuentas

Los integrantes del gobierno conservador de Valga y los integrantes de la pasada lista electoral del PP que figuran como investigados en un presunto caso de malversación por participar en las llamadas «Comisiones de coordinación», tendrán que esperar para prestar declaración. La mayor parte de los implicados en este proceso iban a hacerlo mañana en el Juzgado de Caldas, pero su comparecencia se ha pospuesto.

La magistrada encargada del caso retrasa la toma de declaraciones al alcalde José María Bello Maneiro y su equipo a la espera de que el Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Pontevedra emita un informe sobre la legalidad de las «Comisiones de Coordinación» desarrolladas y pagadas durante los últimos años.

El PSOE valgués, liderado por María Ferreirós e impulsor de la denuncia que dio pie a este proceso, aclara que la toma de declaraciones «no fue suspendida, sino simplemente pospuesta, porque el Ministerio Fiscal considera que es precisa la práctica de diligencias de investigación penal y, por tanto, solicita más información sobre la legalidad, proporcionalidad y cobro de las comisiones».

Los testigos que estaban llamados a declarar para el 5 de abril parece que tendrán que hacerlo de todos modos.

Los socialistas también quieren dejar constancia de que el Ministerio Fiscal se opone a la solicitud de sobreseimiento libre de la causa planteada por dos de los investigados y que la juez acepta lo propuesto por fiscalía en el sentido de declarar la causa como «compleja», ampliando el plazo de instrucción desde los seis a los dieciocho meses.

Reacciones del PSOE

Por todo ello, en el PSOE de Valga aseveran que «estas diligencias entran dentro de la normalidad más absoluta en un proceso judicial de esta importancia».

En el grupo de María Ferreirós muestran sus deseos de que la justicia «sea ágil y todo se aclare lo antes posible».

Asimismo, «en caso de determinarse que existió un delito, los importes económicos cobrados deberán ser reingresados en las arcas municipales», sentencian los socialistas.

Faro de Vigo