Los terrenos cuya compraventa ha sido anulada están situados al lado de una rotonda.
La parcela objeto de litigio está en Coto y se utilizó para obras de seguridad vial
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha declarado «nulo» el contrato privado de compraventa de una parcela situada en el lugar de Coto, formalizado entre un vecino de Valga y el Concello. El motivo es que el propietario firmó el documento sin tener bien sus facultades mentales y, en consecuencia, el Concello ha sido condenado a pagar a la familia la cantidad de 5.043 euros ya que resulta imposible restituir el bien a sus propietarios. El terreno en cuestión está al lado de una rotonda construida dentro del proyecto de seguridad vial de los pasos a nivel existentes en el municipio.
La hija del propietario, Elena López Iglesias, denunció al Concello por estos hechos pero sus demandas fueron desestimadas en primera instancia en el juzgado de Caldas. Tras la presentación de un recurso, el caso se trasladó a la Audiencia de Pontevedra que revocó la sentencia anterior y estimó parcialmente los planteamientos de los demandantes.
La parcela objeto del litigio mide 114 metros cuadrados y fue adquirida por el Concello el 19 de febrero del 2009 por valor de 783 euros, a razón de seis euros metro cuadrado y 18 euros la unidad de árbol maderable. El documento aparece firmado por el alcalde y el propietario, que lo hace con una huella dactilar en vez de con la firma manuscrita.
Su hija -el hombre ya falleció- asegura que su padre sabía escribir y que en el momento de la compraventa ya estaba en trámite un expediente de incapacidad.
El tribunal acepta este extremo pues, aunque la sentencia en primera instancia no considera probada la situación de incapacidad, el informe forense acredita que el sujeto «sufría un padecimiento incurable y progresivo y un delírium que determinaban su desorientación en el tiempo y el espacio, falta de memoria y déficit cognitivo». El informe forense también alude a que el hombre no conocía el dinero ni tampoco el nombre de sus hijos.
El Concello valgués ya ha pagado los cinco mil euros que establece la sentencia pero el enfrentamiento entre el Ayuntamiento y esta familia continúa por otros derroteros.
LA VOZ DE GALICIA, 14/03/11
