Política

El alcalde de Pontecesures, el nacionalista Luis Álvarez Angueira, tendrá que sentarse en el banquillo para responder por un presunto delito de malversación de fondos públicos que se habría producido en su anterior etapa como regidor, entre los años 2003 y 2006, a través de los repostajes del vehículo Nissan Patrol, uno de los que integraba el parque móvil del departamento municipal de Obras. En la causa también está imputado el exencargado de Obras del Concello, Xurxo Gerpe Jamardo.
En un auto fechado el pasado 12 de noviembre, la Audiencia Provincial de Pontevedra revoca el sobreseimiento provisional y el archivo del caso dictado en mayo por el Juzgado número 1 de Caldas y ordena continuar con las diligencias, permitiendo a las partes que formulen acusación de cara a la celebración del juicio oral. Es la tercera vez que la Audiencia corrige a la jueza de instrucción y deja sin efecto el archivo de las actuaciones, que se derivan de una querella interpuesta por el portavoz de ACP, Luis Sabariz, y el que fue su compañero de partido, Alfonso Diz. Si bien, cabe recordar que el primero en judicializar el caso del gasoil fue el ahora socio de gobierno de Álvarez Angueira, el concejal de TeGa Ángel Souto Cordo, que por aquel entonces era líder del PP en la oposición.
El tribunal de la Audiencia considera que �??existen indicios racionales de criminalidad�?� porque el informe pericial encargado por el Juzgado �??constata un excesivo consumo de gasoil�?� del Patrol de Obras que �??no encontraría justificación razonable�?� y que habría supuesto para el Concello un sobrecoste de 6.822, 94 euros entre los años 2003 y 2006.
El recurso presentado por Sabariz y Diz incidía en las declaraciones de varios testigos, como una exempleada de la gasolinera en la que repostaba el Patrol y que habría declarado que �??las facturas de consumo privado�?� del alcalde �??se colocaban en el pincho destinado al Ayuntamiento junto a los tickets de otros vehículos municipales�?�. Después era Xurxo Gerpe quien �??firmaba todos delante de ella sin distinguir los tíckets municipales de los privados�?�. Una administradora de la gasolinera, sin embargo, contradijo esta versión, afirmando que Álvarez Angueira �??pagaba, él mismo, todos los consumos de su vehículo privado�?�. Ante estos testimonios contrapuestos, los querellantes solicitaron un careo entre ambos testigos que fue denegado por la jueza de instrucción.
También se aludía en el recurso al informe pericial judicial, que concluye �??un exceso de consumo que no tiene explicación razonable�?�. Alegan los imputados que podría deberse a �??problemas técnicos, de antigüedad y deterioro�?� y que los consumos imputados al Patrol hacen también referencia a otros vehículos municipales, a garrafas, a un chimpín y a un tractor particular que realizaba servicios para el Concello.
El auto de la Audiencia indica que �??no es este el momento procesal oportuno para valorar los distintos informes periciales, que podrán ser sometidos a contradicción y aclaración en el seno del juicio, ni tampoco para hacer prevalecer las declaraciones de unos testigos sobre otros�?�, debiendo por tanto continuar las diligencias previas hasta el acto del juicio oral.

Diario de Arousa

Estima el recurso de apelación presentado por ACP y señala que hay indicios delictivos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha estimado el recurso de apelación interpuesto por los independientes de ACP, Luis Sabariz Rolán y Alfonso Diz Villar, contra el auto de sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias dictado por el Juzgado de Primera Instrucción de Caldas en mayo pasado relativas a la comisión de un presunto delito de malversación de fondos públicos, a través de facturas de gasoil, cometidos en 2003 por el alcalde Luis Álvarez Angueira y un empleado público. La Audiencia considera que existen “indicios racionales de criminalidad suficientes para elevar la causa a plenario, en caso de presentarse la pertinente acusación, en el marco del juicio oral donde se discuta la realidad de los hechos”.

El titular del Juzgado de Caldas, contrariamente a lo que dictamina ahora la Audiencia, archivó la causa al entender que no había quedado “debidamente justificada la perpetración del delito de malversación de fondos públicos”. El auto judicial de mayo pasado entiende que si bien se habría constatado un consumo excesivo de gasoil en el Nissan Patrol del Concello entre 2003 y 2006 en base al informe del perito judicial, “no se constató” ni que dicho consumo excesivo fuese “para fines ajenos a la función pública o para fines privados, ni tampoco se ha acreditado la existencia de un ánimo de lucro por parte de los imputados”.

Tanto Sabariz como Diz alegaron que sí existen indicios de delito, citando los testimonios de varios trabajadores del Concello, exempleados de la gasolinera donde repostaban los vehículos municipales y la pericial relativa al consumo del Patrol investigado (que en el periodo denunciado llegó a alcanzar el 47,81 %, y una vez denunciados los hechos, realizando las mismas funciones el consumo bajó al 14,72%). También aludieron a que no se había practicado ningún careo en el caso de testimonios contradictorios.

En base a esto, la Audiencia, que da un tirón de orejas al titular del Juzgado de Caldas, apunta que “contrariamente a lo afirmado por el instructor, la prueba derivada de la Instrucción es de la suficiente entidad como para estimar que existen indicios racionales de criminalidad”. El tribunal provincial considera constatado que el Patrol tuvo un consumo excesivo, para el que no se encontraría justificación razonable” y que esto supuso un sobrecoste para el Concello de 6.822 �?�. Por ello revoca el auto de sobreseimiento de la causa y ordena al juzgado continuar con las diligencias del caso.

El Correo Gallego

Revoca el archivo provisional de la causa dictado en Caldas y empuja el procedimiento hacia la apertura de juicio oral

Han pasado siete años desde que inició su andadura en los tribunales, pero el caso del gasoil sigue coleando en Pontecesures. Hace unos meses, el juzgado número uno de Caldas decidía el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra el alcalde, Álvarez Angueira, y contra el trabajador municipal Xurxo Gerpe. Esa decisión -que no era la primera vez que se tomaba- fue recurrida por Luis Ángel Sabariz y Alfonso Diz, y la Audiencia les ha dado la razón. En un auto dictado hace unos días, este tribunal decidía estimar su recurso y ordenaba al juzgado de Caldas la reapertura del procedimiento.

El origen del caso es una denuncia presentada en 2006 por el PP y la ACP contra Angueira y Gerpe, a los que acusaban de malversar fondos. Según afirmaban, el Concello habría abonado hasta 6.822 euros de más en concepto de pago de combustible por el vehiculo del servicio de obras, que entre 2003 y 2006 habría consumido una media de 400 euros mensuales de gasoil.

Una prueba pericial confirmaba que, efectivamente, entre los años 2003 y 2006 se habría producido «un consumo excesivo de gasoil en el vehículo del ayuntamiento Nissan Patrol». Sin embargo, el juzgado caldense concluyó que «no resultó debidamente justificada la perpetración del delito de malversación de fondos públicos», ya que «no se habría constatado ni que ese consumo fuese para fines ajenos a la función pública o para fines privados, ni tampoco se habría acreditado un ánimo de lucro en los imputados». De ahí, su decisión de archivar la causa. Pero los denunciantes no se rindieron, y presentaron un recurso en la Audiencia en el que afirmaban que, según las pruebas y testimonios recabados durante el proceso judicial sí «existirían indicios de la comisión del delito».

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