La dueña de la casa sobre la que pesa una orden de demolición muestra el tramo que el demandante reclama como camino público, el cual desemboca en la vivienda de esta (al fondo).
Los pleitos por los caminos minan la convivencia vecinal en Cesures
El litigante que propició la orden de derribo sobre una casa amplía sus denuncias contra otros cuatro propietarios, el Concello y la Xunta
En la tierra del minifundio y donde el arraigo al terruño está tan interiorizado no sorprende ya que los problemas por los lindes acaben en los juzgados. Esta circunstancia cobra su máxima expresión en Pontecesures donde un vecino está dispuesto a litigar con quien sea para reclamar lo que considera sus derechos sobre caminos y accesos a su propiedad. Se trata de Juan José Llerena Orgaz, cuyas denuncias propiciaron una orden judicial de derribo de la casa lindante y una sentencia autorizándole a abrir un acceso rodado a su casa a costa de cerrarle el paso a los coches de las casas vecinas.
Llerena no acabó ahí su batalla judicial. Ahora presenta una demanda por lo civil para reclamar la apertura de un supuesto camino público que comunicaría la zona de Regadío con la parte trasera de su finca. La acción judicial va dirigida contra cinco lindantes, el Concello de Pontecesures y Augas de Galicia de la Xunta de Galicia.
El demandante rehusó ayer explicar a este diario los términos exactos de su reclamación pero, según explicaron los afectados, su objetivo pasaría por convertir lo que hoy se usa como una estrecha pasantía en una calle. Llerena ya intentó que se abriese camino por allí hace años, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó su petición alegando que no entraba en el fondo de la cuestión por tratarse de una materia administrativa, si bien dejaba constancia de que no había indicios de que existiese tal camino público. Juan José Llerena no se rinde y ahora presenta una demanda en los juzgados de Pontevedra con la que pretende salvar las cuestiones de procedimiento. Además de actuar contra los cinco lindantes (entre los que se encuentran Isabel Eitor y Gerardo Carou, los dueños de la casa sobre la cual pesa la amenaza de derribo) en su ofensiva carga también contra Augas de Galicia, porque el camino ocuparía terreno de su competencia, y contra el Concello cesureño, por haber desestimado sus peticiones cuando las planteó por la vía administrativa.
Los demandados dicen estar indignados y acusan a Llerena de reclamar cosas que no le corresponden «ao prezo que sexa». Los afectados no ahorran apelativos a la hora de referirse a su vecino, con quien no se hablan y a quien acusan de enturbiar la convivencia vecinal.
LA VOZ DE GALICIA, 24/02/11
