Paro

El Concello de Pontecesures se ha adherido a un convenio de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) paras la creación de un fondo social de viviendas y su puesta a disposición de personas desahuciadas. El gobierno local tiene conocimiento de cuatro casos de familias con problemas hipotecarios en el municipio, aunque por el momento y �??por sorte�?� no se ha llegado a la �??situación extrema�?� del desalojo, indica el concejal de Servicios Sociales, Roque Araújo, que explica que el gobierno local ha mediado en algún caso con las entidades bancarias para facilitar el acuerdo que permitiera a estas familias mantener su hogar.
El convenio de la FEMP suscrito por el Ayuntamiento cesureño (fue aprobado por unanimidad en el Pleno) promueve la creación por parte de las entidades de crédito de un fondo social de viviendas para alquilarlas a familias que hayan sido desahuciadas de su vivienda habitual por el impago de la hipoteca y que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad social. Para beneficiarse de esta iniciativa, el desalojo tuvo que producirse a partir del 1 de enero de 2008 y deben cumplirse otra serie de requisitos relacionados con la renta. Los alquileres oscilarán entre 150 y 400 euros, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar. Se trata de arrendamientos por un plazo de dos años con posibilidad de prórroga por un tercero. Los inquilinos tendrán que hacerse cargo de sufragar los suministros de la vivienda, como agua o electricidad, entre otros.
Se tendrá especialmente en cuenta el nivel de vulnerabilidad de cada caso, teniendo prioridad las familias monoparentales, víctimas de violencia de género, cuyos miembros estén en paro y hayan agotado las prestaciones por desempleo, familias con menores de hasta tres años a su cargo o personas afectadas por una discapacidad superior al 33%, dependientes o con alguna enfermedad que las incapacite.
El papel del Concello a la hora de hacer efectivo el contenido del convenio se limitará a ofrecer información a los vecinos afectados por problemas hipotecarios y desahucios. Además, será el departamento municipal de Servicios Sociales el que se encargue de evaluar la situación de las familias para comprobar que cumplen los requisitos y pueden beneficiarse de este fondo social de viviendas. El edil de Servicios Sociales apuntó durante el debate del texto que �??esta é unha forma de poñer en circulación os inmobles que están en mans de entidades de crédito�?�, al tiempo que se intenta minimizar el drama de los desahucios.

DIARIO DE AROUSA, 31/03/13