301 puestos de empleo en Nestlé España están hoy pendiendo de un hilo después del anuncio de la compañía de abrir un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en varios de sus centros de producción, afectando a factorías de Asturias, Cantabria, Cáceres, Tarragona, Girona y Pontevedra, más concretamente en este último caso al centro de Nestlé en Pontecesures.
El ERE, para algo más de 300 trabajadores en su planteamiento inicial, afectará a trabajadores de oficinas, equipos de ventas, centros de distribución y algunos centros de producción. Según la empresa, responde a un plan de “transformación operativa” que busca “adaptar la estructura de la compañía en España al contexto de mercado para asegurar la viabilidad del negocio y generar valor a largo plazo”.
Bajo principios de “transparencia y respeto”, según indican desde Nestlé, los despidos son consecuencia de la “evolución del sector” en una compañía histórica en España que da trabajo a más de 4.100 personas en un momento en el que han crecido los costes operativos, de mayor automatización y digitalización de procesos. y de cambios en los hábitos de consumo.
Desde Nestlé apelan a iniciar conversaciones con los sindicatos para “un análisis exhaustivo de las estructuras operativas y la implementación de diversas medidas previas de contención de costes” en un proceso de “interlocución honesto” y tratar de minimizar el impacto de la medida.
Esta “prioridade do goberno” establece un precio hora de 24,64 euros y un contrato de dos años prorrogable.
Empleadas del SAF en una manifestación por sus derechos laborales en Arousa.
El Concello de Pontecesures adjudica el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) a la empresa Attende Care S.L. y lo hace con un contrato de dos años prorrogable y un precio hora de 24,64 euros. “Era unha das prioridades do equipo de goberno dende que chegamos á alcaldía porque é un servizo indispensable e básico”, apuntaba la alcaldesa, Maite Tocino. Cesures llevaba además desde el año 2015 con un contrato vencido y un acuerdo de continuidad pactado con la anterior empresa.
A la oferta, que salió a licitación el pasado diciembre, se presentaron un total de tres empresas de las que se valoraron diferentes aspectos para adjudicar el servicio. Tocino recuerda también que el proceso pasó por algunos retrasos administrativos cuando trataron de licitar el contrato porque la anterior empresa responsable presentó un acuerdo que alcanzaron con el AGA (Acuerdo Interprofesional Gallego sobre procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos de trabajo) para mejorar las condiciones de las personas trabajadoras. “Tivemos que recalcular o prezo do contrato”, cuenta.
En lo que se refiere al coste del SAF hasta el 2025 la Xunta financiaba un total de 12 euros hora pero, tras alcanzar un acuerdo con la Fegamp, la administración autonómica pasará a costear 16 euros por hora en este 2026, 17 euros en 2027 y 18 euros en el 2028. “Nos asinamos a adhesión a ese convenio fai uns 15 días pero o resto témolo que pagar nos”, apunta Tocino, quien lamenta que sea la administración local la que asuma el pago cuando no es competencia del Concello. “Asumímolo pola importancia que ten na poboación á que vai dirixida, pero é que ata agora estábamos aportando máis da metade do servizo cando é algo que ten que subvencionar o Estado e a Xunta de Galicia”, sentencia la regidora.
Tendrá capacidad para unos 45 vehículos y podría estar listo este año tras los retrasos administrativos.
Maite Tocino, alcaldesa de Pontecesures.
El Concello de Pontecesures formaliza el contrato de arrendamiento de un terreno para crear un aparcamiento disuasorio en la zona de O Rial con capacidad para unos 45 vehículos, un proyecto que comenzó a gestarse en 2024 pero que por cuestiones administrativas se ha prolongado en el tiempo y ahora prevé hacerse realidad este mismo año.
Los pliegos de la licitación establecen una concesión del terreno por un periodo de cinco años, con un coste anual de 726 euros. El objetivo principal del Concello es dotar al vecindario de un espacio de estacionamiento próximo al centro urbano y a los comercios, contribuyendo así a mejorar la movilidad y reducir las infracciones de tráfico.
Tal y como apunta la alcaldesa, Maite Tocino, aunque la finca adjudicada reunía las condiciones para acondicionarse como aparcamiento, era necesaria una autorización de la Unidad Provincial de Carreteras por la conexión de la parcela con la N-550. “Ahí foi cando nos requiriron un estudo para analizar como ía impactar no tráfico da N-550 a execución da obra”, explica Tocino. Así, el Concello se vio en la obligación de encargar un estudio técnico específico y cuando obtuvieron la autorización, el contrato fue adjudicado.
El objetivo, dar respuesta al crecimiento urbanístico
Actualmente el gobierno local trabaja en la redacción del proyecto de adecuación del terreno e iluminación. La previsión es que el aparcamiento de respuesta al crecimiento urbanístico del entorno. “Hai unha promoción de vivendas e actualmente non se cubre a demanda de estacionamento, isto provoca que se aparque nas marxes e por iso empezouse a traballar nesta propuesta”, señala la regidora.
En cuanto a la financiación, se espera que las obras sean financiadas con fondos propios del Concello.
O xantar terá lugar o sábado 6 de xuño e os que queiran participar deberán anotarse e pagar 40 € (adultos) e 20 € (menores de 10 anos), cantidades que deben estar abonadas antes do 31 de maio.
La Fiscalía solicita dos años de prisión para cada uno y también para la pareja sentimental de uno de ellos.
El empresario Andrés Quintá en una entrega de premios.
La Fiscalía pide dos años y nueve meses de prisión para dos hijos del empresario de Valga Andrés Quintá y para la pareja de uno de ellos por un presunto delito de obstrucción a la justicia. Según su escrito de acusación, influyeron en el fundador del grupo multinacional Extrugasa y se aprovecharon de su deterioro
La Audiencia de Pontevedra acogerá la próxima semana el juicio por unos hechos que se remontan a 2024, cuando el emprendedor que levantó un imperio en la localidad de Valga interpuso la mentada querella acusando a tres hijos y al asesor de «haberse apropiado de sus empresas y de la posición dominante» que él ostentaba en ellas.
Un juzgado de Caldas de Reis dio trámite a las diligencias y fijó fecha para tomarles declaración a los cuatro en calidad de investigados, para abril de 2025. Sin embargo, unos días antes, los acusados «conociendo el deterioro cognitivo que padece» el empresario valgués de 85 años de edad y «aprovechándose también de la confianza del mismo, puestos previamente de acuerdo, influyeron en su ánimo e insistieron hasta que lograron convencerle para que firmase un escrito de renuncia a las acciones penales que había emprendido».
Siempre según la fiscalía, «para evitar que pudiera cambiar de idea o pudiera buscar asesoramiento sobre las consecuencias de dicha renuncia, lo llevaron en su vehículo de motor a la sede del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas de Reis y le privaron del uso del teléfono móvil durante el trayecto inicial de Pontecesures a Pontevedra» para recoger a uno de ellos, hijo de Andrés Quintá, que es abogado y tiene un despacho en esta ciudad.
Sostiene el Ministerio Público que el fin era evitar que tuviese lugar la declaración judicial y lograr el archivo de la querella que había interpuesto y que por ello «le insistieron de forma apresurada» a firmar la renuncia a las acciones emprendidas. Además, «tanto durante el viaje como durante la estancia en el juzgado no lo dejaron solo en ningún momento ni le permitieron usar el móvil, por lo que no pudo hablar en ningún momento con su actual abogado».
Ya en el juzgado caldense, continúa su relato de los hechos, indicaron a los funcionarios que Andrés Quintá iba a retirar la denuncia y le entregaron el escrito ya firmado por él, teniendo que firmar el fundador de Extrugasa un acta de comparecencia. Así las cosas, la autoridad judicial acordó después el sobreseimiento provisional y archivo de la querella que había presentado en agosto de 2024, frenando la toma de declaración prevista.
Añade el fiscal que, para conseguir su propósito, los acusados «le presionaron con su presencia utilizando además para ello sus relaciones personales y de confianza». Respecto al vástago letrado de profesión detalla que «fue el abogado y su hombre de máxima confianza en el ámbito jurídico durante años en sus empresas». También menciona a una nieta y a la pareja sentimental del otro vástago del empresario valgués.
Además de la petición de dos años y nueve meses de cárcel para cada uno, solicita también una multa de 8.000 euros y el pago de 1.200 euros por el perjuicio moral o psicólogo ocasionado.
El curso es de 400 horas y se imparte en el instituto local en horario de tarde
Dejaron atrás sus vidas y sus familias para salir a conquistar su derecho a la vida, a una vida libre de guerra, de hambre, de todo tipo de violencia. En muchos casos, los inmigrantes se encuentran con un muro de desconfianza y temor. Pero en otros, se topan con pueblos acogedores, que mantienen vivo el recuerdo de su pasado emigrante y que están dispuestos a echar una mano a toda aquella persona dispuesta a construir, a avanzar. Valga es uno de esos lugares. En la localidad funciona desde hace un tiempo un centro de acogida de migrantes y muchos de ellos han comenzado a tejer su vida en la zona. Es el caso de los quince jóvenes que en estos momentos están realizando un curso de formación para el empleo que se imparte en el instituto de Valga, una oportunidad formativa a la que llegaron gracias al departamento de orientación laboral del Concello.
Operacións auxiliares de fabricación mecánica es el nombre del curso que están realizando. Acuden a clases de lunes a viernes, por las tardes. En el instituto los espera Pablo Bello, el profesor, que se declara encantado con sus estudiantes. «Están supermotivados e moi contentos, con gañas de aprender un oficio e traballar», explica el docente.
Dirige una clase diversa, con unos alumnos que han llegado de Mali, de Senegal, de Camerún o de Guinea. Comunicarse podría ser un reto, pero afortunadamente algunos de los alumnos hablan un castellano fluido y actúan como intérpretes con el resto, facilitando mucho las cosas. Y es que, cuando hay ganas de hacer las cosas, las cosas se hacen. A estos estudiantes, dice su profesor, les sobra la motivación, las ganas de salir adelante y de aferrarse a las oportunidades que se van encontrando por el camino. «Son moi traballadores, non falla nin un ningún día», como si supiesen que la educación es un regalo precioso, algo que, a veces, se nos olvida en Occidente.
El alcalde de Valga, José María Bello Maneiro (PP), acompañado de la concejala Carmen Gómez, visitaron la pasada semana a este grupo. Maneiro, que siempre presume de que Valga es un pueblo acogedor y amable, aprovechó la ocasión para desear a estos jóvenes que su estancia en la localidad les resulte provechosa «tanto a nivel social coma a nivel profesional»; puso a su disposición los servicios municipales y les garantizó ayuda «na realización de trámites e orientalos a nivel formativo e laboral».
El curso que están realizando estos quince inmigrantes es de 400 horas y da acceso a un certificado de profesionalidad en operaciones auxiliares de fabricación mecánica. Tiene como objetivo «capacitar aos alumnos para a realización de operacións básicas de fabricación, montaxe e verificación de produtos mecánicos». Los participantes aprenden sobre el uso de maquinaria, la preparación de materiales, el embalaje de piezas y el control de calidad en procesos industriales.
El curso de formación para el empleo incluye, además, un módulo de prácticas laborales que se desarrollarán en empresas ubicadas en el entorno, «permitíndolles aplicar os coñecementos adquiridos nun contexto real de traballo e facilitando a súa aproximación ao sector industrial», según detalla el concello de Valga.
