Es un problema de lindes que se remonta a una ocupación de terrenos realizada en los años sesenta.
Un conflicto vecinal enquistado durante décadas ha desencadenado una situación para muchos incomprensible, como es que una sentencia judicial autorice a un ciudadano a abrir un camino hacia su casa ocupando para ello terrenos públicos, aunque esto suponga cerrar, y prácticamente tapiar, la entrada otras dos viviendas, e incluso atravesar la finca de una de ellas con un muro de hormigón de un metro de ancho.
Sucede en el lugar de Carreiras, en Pontecesures, donde la tensión es palpable, aunque al menos el compromiso adquirido ayer por Augas de Galicia ha calmado levemente los ánimos, pues gracias a la mediación del Concello el ente público garantiza que va a instalar rampas y a ejecutar cuantas mejoras sean precisas para dar servicio a los moradores de las dos viviendas damnificadas.
Como se avanzaba ayer, todo esto está relacionado con la ocupación de terrenos para el canal de regadío de Pontecesures. Corría el año 1966 y se ocupó de ello la Confederación Hidrográfica del Norte de España. Más recientemente las competencias pasaron a manos de Augas de Galicia, y también el terreno afectado.
Pero el vecino J.J.LL.O. reclamó un deslinde y quiso ocupar parte de los terrenos que se habían expropiado u ocupado, y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le dio la razón. No solo eso, sino que lo autorizó a ejecutar las obras y, por sorprendente que parezca, pasar la factura a Augas, ya que los trabajos se realizan en terrenos públicos, aunque sea para hacer el acceso rodado a su casa.
La sentencia es del año 2003, explica el concejal Luis Sabariz, quien indicó que el Concello, a pesar de no tener competencias, contribuyó a forzar el compromiso de Aguas. Añade que la obra que ejecuta este vecino, que va a finalizar en quince días y que tiene que pagar el erario público, asciende a 50.000 euros. El propio Sabariz indica que la resolución definitiva de este asunto va para largo, pues ahora son otros los vecinos que van a presentar las correspondientes demandas judiciales para defender sus propiedades.
“Es algo inconcebible que para beneficiar a un ciudadano se anulen las entradas a las casas de otros”, apostilla Sabariz, quien matiza que “el Ayuntamiento quiso estar presente para tratar de defender a los afectados y evitar conflictos”. Sabe que “las sentencias deben ser cumplidas y este ciudadano tiene una que le da la razón, pero lo sucedido es muy extraño, sobre todo porque nadie informó al Concello”.
FARO DE VIGO, 14/01/11